Proceso de la Declaración Jurada de Patrimonio se extiende hasta el 31 de octubre de 2018

Publicado en Correo del Orinoco el 16 de octubre de 2018 La verificación patrimonial demuestra la veracidad de la DJP

Proceso de la Declaración Jurada de Patrimonio se extiende hasta el 31 de octubre de 2018

La verificación patrimonial  o auditoría patrimonial es el mecanismo utilizado por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (CGR) conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, que involucra técnicas y prácticas en la prevención y lucha contra la corrupción, y comprende el examen y evaluación de la situación patrimonial y de las actividades económicas llevadas a cabo por los sujetos sometidos a verificación.

Cabe señalar que los sujetos sometidos a verificación son: funcionarias y funcionarios públicos que tienen la responsabilidad del manejo de fondos provenientes del Estado, de la custodia de bienes públicos, personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, comunas, consejos comunales, asociaciones socioproductivas y organizaciones de base del poder popular. Iniciado el proceso de verificación patrimonial, la CGR, a través de su Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, solicita información a todos los órganos y entes de la Administración Pública, instituciones bancarias y financieras, públicas y privadas, para corroborar la certeza o falsedad de la información suministrada por el sujeto a la verificación patrimonial.

Como puede apreciarse, la importancia de la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) en la prevención y lucha contra la corrupción es vital. Una vez presentada, la CGR podrá proceder a su verificación y establecer a través de investigaciones, recopilación y cruces de información, si los datos aportados por el declarante son fehacientes, siendo el objetivo de este proceso establecer la verdad o no de la información presentada y efectuar el análisis del comportamiento económico del declarante para determinar la razonabilidad del patrimonio con relación a los ingresos obtenidos en un período determinado.

Ciertamente, cuando no exista disparidad entre lo declarado y el resultado de la auditoría patrimonial, la CGR admitirá y ordenará el archivo del expediente y, en caso contrario, de existir disparidad, no la admitirá por no ser veraz, remitiendo las actuaciones al Ministerio Público (MP) para que eventualmente ejerza las acciones destinadas a hacer efectiva la responsabilidad penal, de ser el caso, pudiendo además aplicar sanciones administrativas como separación del cargo sin goce de sueldo, inhabilitación para ejercer cargos públicos o de elección popular hasta por doce (12) meses.

La Declaración Jurada de Patrimonio es un instrumento de prevención y lucha contra la corrupción, sobre todo en estos tiempos donde la CGR y el Gobierno nacional han fortalecido herramientas y buenas prácticas de prevención, así como de lucha contra este flagelo.

Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros

Contralor general de la República Bolivariana de Venezuela